Con un condón gigante colocado en una mazorca de maíz de 2.50 metros de alto, activistas de Greenpeace exigieron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y al gobierno federal la prohibición total de la siembra de maíz transgénico en México como la única medida de protección para nuestro país.
Los activistas de la organización demostraron cómo debe protegerse el maíz nativo ante las insistentes e irresponsables declaraciones de Alberto Cárdenas, titular de Sagarpa, y de Víctor Manuel Villalobos, coordinador de asuntos internacionales de esa secretaría, quienes apoyan la siembra experimental de maíz transgénico en México, al amparo del Régimen de Protección Especial del Maíz (RPEM), a publicarse en fecha próxima.
En días pasados, también el presidente Felipe Calderón llamó a una alianza “amplia e incluyente” con el Consejo Nacional Agropeacuario (CNA), para que el maíz transgénico se siembre en nuestro país y de este modo combatir la crisis alimentaria actual. Esta alianza está formada por los más poderosos agroindustriales y las empresas Cargill, Minsa y Monsanto, que promueven el uso de transgénicos para la producción de maíz en México. Hay que destacar que ese acuerdo excluye al 80 por ciento de los productores campesinos del país que han demandado, por más de tres años, que el gobierno federal atienda el rezago en que se encuentra el campo mexicano.
“Es realmente indignante que el gobierno federal siga favoreciendo los interés monopólicos de la industria biotecnológica y continúe esta política de golpes bajos contra el campo mexicano, poniendo en riesgo la producción orgánica y tradicional de los campesinos, los cuales representan el 80 por ciento de los productores en México. Felipe Calderón y Alberto Cárdenas únicamente escuchan a los grandes capitales, aún cuando estos amenazan con pasar por encima de nuestros recursos naturales sin importar el daño social que provocarán a los mexicanos y a la biodiversidad de nuestro país”, denunció Aleira Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace.
Cabe mencionar que el anteproyecto de las disposiciones jurídicas del Régimen, presentado el 4 de abril ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Cofemer), no es un documento final, porque únicamente establece las condiciones para que la industria biotecnológica consiga autorización para sembrar su maíz transgénico patentado y no establece medidas de protección a nuestras razas y variedades de maíz mexicano. Este anteproyecto no establece quién se hará responsable ante los posibles casos de contaminación con transgénicos.
Durante el periodo de consulta pública que comprendió 4 de abril al 16 de mayo, se emitieron 6,760 comentarios, de los cuales poco más del 90 por ciento fueron pronunciamientos de varios sectores de la sociedad, científicos, ONG, productores y consumidores en contra de la liberación de maíz transgénico en nuestro país.
México es centro de origen y diversidad del maíz, este hecho no es considerado por la Semarnat y la Sagarpa en el anteproyecto del RPEM, que no plantea medidas de cómo se evitará la contaminación transgénica de este importante grano. Aún no se ha autorizado la liberación al medio ambiente del maíz transgénico y nuestro país ya ocupa el segundo lugar en el continente americano con más casos de contaminación y el octavo en el mundo (1)”, continuó Lara.
El Régimen que se pretende publicar en los próximos días, cuenta con mínimas correcciones, a decir de las autoridades de Sagarpa, a pesar de que los comentarios emitidos exigen la implementación de un biomonitoreo y presentación del estado de los casos de contaminación que se han denunciado, tanto por científicos de primer orden como por organizaciones y comunidades campesinas; la reparación de la contaminación actual.
“Es necesario que el gobierno federal garantice la participación de todos los sectores de la sociedad para asegurar que el Régimen de Protección Especial del Maíz reconozca la importancia de este grano como una de las principales fuentes de alimentación y no únicamente como una mercancía que engrosará los bolsillos de la industria biotecnológica”, exigió Lara.
La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) declaró que será hasta marzo del 2009 cuando sean concluidos los trabajos para la determinación de centros de origen y diversidad genética del maíz en todo México, así como las políticas públicas para la protección del grano. Sin estos elementos y con la autorización de siembras experimentales de maíz trasngénico, las autoridades estarían sentando un precedente de violación a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
“El gobierno federal debe garantizar que México sea libre de contaminación con maíz transgénico e impedir que las empresas biotecnológicas tengan el control de este grano en nuestro país, esto sólo será posible con un verdadero Régimen de Protección Especial al Maíz que establezca como medida principal la moratoria total a la siembra de maíz transgénico en México, que impulse la producción campesina y que destine mayores recursos a la investigación pública para la reactivación del campo”, concluyó Lara.
— Greenpeace México
